Los sindicatos CCOO, UGT, SEMAF, CGT, SCF y SF han convocado a una concentración, el 31 de mayo, a las 18:30 en la Plaza del Embarcadero de la Estación de Atocha, a todo el personal ferroviario de Madrid y a la ciudadanía en general para manifestar su rechazo al desmantelamiento del sistema público y contra cualquier privatización que pueda afectar a las empresas ferroviarias y a sus plantillas.
30-05-2012 - FSC CCOO.- La concentración contará con la asistencia de los secretarios generales de todos los sindicatos, tanto provinciales como estatales, con el objetivo de plantar cara a las políticas privatizadoras y demostrar que la ciudadanía no va a permitir que se subaste al mejor postor el patrimonio y los servicios públicos.
Ante las diferentes declaraciones realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que dejan entrever las intenciones privatizadoras con las empresas del sector ferroviario español, Adif, Renfe y Feve, los sindicatos ferroviarios de Madrid de forma unitaria están realizando asambleas por todos los centros de trabajo de estas empresas en la provincia, al igual que en resto del país, para comunicar a trabajadores y trabajadoras la postura común contraria a cualquier privatización, segregación, o resolución en general que afecte a la integridad de las empresas ferroviarias y a sus plantillas, incluido todo el personal que depende de las empresas principales, como es el caso de las contratas ferroviarias.
Entienden que el modelo ferroviario español necesita mejoras en su gestión, pero en ningún caso deben pasar por perder su carácter de servicio público necesario para la movilidad de la ciudadanía, y por supuesto en ningún caso deben buscarse beneficios más allá de la rentabilidad social y de vertebración que el ferrocarril público otorga a una ciudad y a un país, puesto que permite, facilita y fomenta gran parte de la actividad económica.
La búsqueda de rentabilidad económica, que provocaría la privatización de estas empresas, supondría la subvención con dinero público de las líneas deficitarias, puesto que debido a los costes asociados al mantenimiento de la infraestructura en unas condiciones óptimas de seguridad y eficacia, es imposible obtener beneficios de esta explotación, con lo que no sólo se habría "vendido" una parte muy importante del patrimonio español (inmuebles, estaciones, infraestructura viaria, trenes…), pagado con dinero público, sino que, además, seguiría suponiendo un coste para el Estado en forma de subvenciones, pero dirigidas a la empresa privada.
La opinión de los sindicatos no es una mera suposición, tienen muy cercano el modelo de los ferrocarriles ingleses, en los que se tomó también el camino privatizador y no muchos años después el Estado tuvo que recomprar las empresas ferroviarias porque las empresas privadas, en su afán de obtención de beneficios, recortaron las inversiones en mantenimiento y conservación de la infraestructura, lo que provocó un aumento de los accidentes que hizo que el Estado se replantease el modelo y volviese a la gestión pública.
Como legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario, sus reivindicaciones van más allá puesto que entienden que cualquier reforma debe hacerse con la participación de todas las personas afectadas; también entienden que no se puede "regalar" el patrimonio español al mejor postor, o al amiguito, y desmantelar el sistema público que presta servicios esenciales para la ciudadanía, de manera igualitaria y sin discriminación, llámense educación, sanidad, transporte, etc.
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