Labour Start. - Docenas de personas de dudosa involucración fueron subsecuentemente sometidos a juicios. Muchos de ellos fueron condenados a penas de cárcel. Durante estos procesos, observadores internacionales, representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la OSCE, defensores de derechos humanos y periodistas notaron numerosas violaciones en el proceso jurídico. Casi todos los acusados y algunos de los testigos declararon que fueron torturados en el curso de las investigaciones, pero los juicios no fueron suspendidos. Los juicios se llevaron a cabo en un ambiente de extrema tensión y bajo medidas muy cercanas a un estado de emergencia en la región.

El movimiento sindical internacional exige que estas sentencias sean reconsideradas, que todos los casos de tortura y provocación sean plenamente investigadas, y que la legislación nacional que prevé responsabilidad criminal por “llamar por conflicto social” y que se está usando en forma selectiva para presionar a sindicalistas, activistas de derechos humanos y figuras públicas sea cambiada.

Firme la petición aquí.