El sistema público de pensiones

"¿Se pueden financiar 22 años de jubilación habiendo cotizado durante 37 años el 20 por ciento de los salarios recibidos y mantener el nivel de vida previo a la jubilación?”

05-09-2003 - Cuando la vida se alarga, la incorporación al trabajo se demora y la jubilación se anticipa, el periodo de cotización se acerca a la duración de la jubilación y, de no tomar medidas, las cotizaciones no permiten financiar las pensiones. El INE en el 2001 corrigió las proyecciones de población según mortalidad, fecundidad e inmigración observados, con lo que la relación entre mayores de 65 años y personas de 20 a 64, que en el 2001 fue del 27 por ciento, sería del 36 por ciento en el 2025 y del 60 por ciento en el 2050. Así, en el 2050 habría 1,6 activos por jubilado. 1,2 si se obvian los factores correctores. Por lo tanto, ni la fecundidad ni la inmigración resolverán un problema que va ligado a la trayectoria vital individual.

¿Qué se puede hacer? Si mejora la productividad crecen los salarios y las cotizaciones, pero ello no implica adecuar las pensiones a los salarios. En España desde 1985 la base máxima de cotización crece por debajo de los salarios y del IPC, y el sistema pervive a base de empobrecer a los jubilados, aun aumentado sus pensiones regularmente.

El aumento del empleo puede paliar el reto financiero derivado del envejecimiento, pero no compensarlo. Reducir las pensiones medias sin considerar la renta y el patrimonio no es equitativo ni intra ni intergeneracionalmente. Aumentar las cotizaciones equivale a más presión fiscal. Incrementar el déficit público choca con el pacto de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, nada es negligible y probablemente deban combinarse varias de estas medidas con otras, como el fomento de los sistemas de capitalización –debidamente regulados– y el retraso de la jubilación.

Diferir la jubilación un año reduciría el gasto en pensiones de un 0,6 por ciento a un 1 por ciento del PIB en el 2050, absorbiendo un 20 por ciento de dicho gasto. Y podría hacerse sin variar el límite legal de 65 años, ya que en el 2000/2001 la edad media de jubilación en España fue de 61,4 años.

¿Por qué no se actúa? El informe de estrategia de España ante la UE prevé superávit de la Seguridad Social hasta el 2015 y éste es el gran argumento del Gobierno y de algunos agentes sociales para no abordar la reforma.

El pacto de Toledo acordó trasladar el superávit a un fondo de reserva. Pero en el 2002 los activos eran sólo del 1 por ciento del PIB y el tiempo existente para acumular reservas no permitirá al fondo contribuir suficientemente al déficit derivado de la jubilación de las grandes cohortes del “baby boom”. En el año 2020 surgiría el déficit y el incremento de activos del fondo sería del 17 por ciento del PIB, lo que permitiría financiar el déficit hasta el 2030, agotándose después las reservas y acumulando una deuda del 109 por ciento en el 2050.

El informe conjunto de la CCE y del Consejo de Europa sobre adecuación y viabilidad de las pensiones define de forma políticamente correcta que “el sistema español de pensiones parece funcionar bien... Pero se enfrenta a un reto... De viabilidad financiera... La reorganización de la financiación..., la creación de un fondo de reserva..., son pasos en la dirección adecuada (pero) las reformas realizadas... No parecen ser suficientes para afrontar el reto financiero”.

En “La Vanguardia” del 27 de julio se podía leer: “El Parlamento aparca las conclusiones del pacto de Toledo sine die ante el inicio de un periodo electoral”. Confiemos que en la próxima legislatura se acepte –por lo menos– que “tenemos un problema”.

J. M. VIA, director general de Edad & Vida
La Vanguardia

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